La burbuja estalló desde hace al menos 4 años. Desde febrero de 2009: las miles de ejecuciones hipotecarias y de desahucios, las deudas ilegítimas que condenan a la población de por vida, una ley perversa que deja a las personas en absoluta indefensión, el sin sentido de que bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle sin realojo alguno. Sin embargo, en todo este tiempo ni el gobierno del PSOE ni el del PP han querido escuchar ni dialogar Al contrario, se han limitado a aprobar rescate bancario tras rescate, destinando miles de millones de euros a unos bancos irresponsables sin exigir ninguna contrapartida.
Que con el estallido de la crisis económica y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación de graves dificultades económicas. Así, según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2008 y 2012 se han producido cerca de 8.000 desahucios de viviendas por ejecuciones hipotecarias.
Que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas.
Que esta legislación permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.
"El Gobierno ha aprobado tres reformas financieras para rescatar a los bancos con urgencia, le pedimos que haga lo mismo con las personas", que "acabe" con el problema de los desahucios..
UCE exige a las entidades financieras que han recibido ayudas públicas que abran un procedimiento extrajudicial a las familias que sean incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.
Durante este periodo, tanto el desahucio como la generación de intereses de morosidad quedarían en suspenso, a la espera de un acuerdo entre las partes. La idea es que "en el peor de los casos" la negociación culmine con la dación en pago, entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda, y un alquiler social en el que la familia solo pagaría anualmente el 2% de su deuda restante, con un límite en un tercio de sus rentas.
La norma establece además un tope en los intereses de mora en dos puntos por encima del tipo de interés establecido en la hipoteca. En el caso de que la vivienda acabe siendo subastada, por otra parte, el precio de referencia sería el que se tasó al conceder el crédito y no, como ahora, el que derive de una nueva tasación en el que la familia saldría perdiendo por la fuerte caída del precio de los inmuebles.
Separación entre las tasadoras y las entidades financieras, pues buena parte de las primeras están hoy controladas directamente por la banca. El precio mínimo de adjudicación por el que la entidad podría quedarse la vivienda en caso de quedar desierta la subasta, sería del 75% de su valor, frente al 60% actual.
Que la banca "asuma su parte de responsabilidad" ahora por la concesión de créditos "sin valorar el riesgo" que dio durante el boom inmobiliario. Para evitar este tipo de prácticas en el futuro, las nuevas hipotecas no se den por más del 80% del valor de tasación del inmueble y siempre y cuando la cuota hipotecaria no supere el 30% de las rentas del afectado.
En cuanto al código de buenas prácticas para la banca aprobado por el Gobierno la pasada primavera, ha resultado un fracaso por dejarlo en manos de "la voluntariedad" de las entidades -pese a que ha sido suscrito por el grueso del sector- y por las fuertes exigencias que se imponen para beneficiarse de él.
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