Sea como fuere, ahora que de nuevo nos encaminamos hacia la elaboración de las candidaturas de futuros/as concejales/as, alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas autonómicas, nos parece más que oportuno que los partidos políticos introduzcan entre sus obligaciones formar a los futuros cargos públicos para cumplir con todas sus obligaciones al pie de la letra, y que entre ellas figure, con la relevancia que tiene, la de informar sobre los asuntos de su competencia en todo momento y forma y no sólo cuando la estrategia lo reclame.
Pero sobremanera un gobernante, o aspirante, lo que no puede es rehuir la obligación de comparecencia, le guste o no le guste la comunicación pública y sus consecuencias. Seguramente también a eso se aprenda sobre la marcha, pero no ha de ser caprichosamente.
Una de las reglas que hacen más visible la manera que cada cual tiene de ejercer su cargo político es su modo de dar explicaciones sobre lo que hace o se le reclama. Cuanto más evite esas explicaciones y el principio inexcusable de darlas, más ardua se volverá su tarea y menos transparente el modo de asumir el mandato temporal otorgado.
No se entiende que en plena juventud democrática haya tantos líderes, de todo signo y escala que, en un rapto de autoridad mal enfocada, abusan de la declaración sin derecho a preguntas, o la fórmula de que «ese tema hoy no toca» cuando se lo plantean fuera del orden del día. ¿Dónde queda el sentido ético del cargo?
Esta actitud en el fondo parece más propia de personas poco preparadas mentalmente para la cosa pública, o que no acaban de comprender la trascendencia de la política, o no se percatan bien del principio que alimenta la actividad política representativa. Puede ser también un simple impulso o mecanismo de defensa de quienes acuden a la actividad política atendiendo a veces más a llamadas personales o casuales que a sólidas convicciones ideológicas y de servicio público.
María José Fernández Arcones.
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