..............CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Foto: Archivo de Google
Según nuestra Constitución, vivimos en un Estado de Derecho basado en un régimen de democracia representativa, así que se supone que la soberanía reside y se sustenta en el pueblo, el cual, mediante elecciones libres, elige a las personas que le representarán en la toma de decisiones y que deberán obedecer a los principios del bien común, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia.
Traducido a la realidad, los ciudadanos y ciudadanas concedemos cada cuatro años un cheque en blanco a unos “supuestos” servidores de lo público a los que se les presupone vocación de servicio, que no profesionalización, y que en la mayoría de los casos sirven a intereses bastante alejados de aquellos para los que se les eligió.
El único instrumento de democracia participativa directa en nuestro país es la Iniciativa Legislativa Popular, que es el mecanismo del que disponen los ciudadanos/as para elevar al Congreso de los Diputados una Propuesta de Ley.
Recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, su nula efectividad lo demuestra el hecho de que en 30 años se presentaron 66 Iniciativas y solo 1 consiguió su transformación en Ley.
Las causas de su fracaso hay que buscarlas en las limitaciones que impone la Ley que las regula. De una parte, las materias que están excluidas de una Iniciativa legislativa Popular:
Las propias de una Ley Orgánica ( por ejemplo, todas las relacionadas con las libertades públicas y los derechos fundamentales)
- Las de naturaleza tributaria
- Las de carácter Internacional
- Las referentes a prerrogativas de gracia( indultos)
- Las relativas a los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo Económico y Social, de Planificación economía y por supuesto las que atañen a la propia Constitución.
El otro gran escollo es la tramitación. Una vez presentada la Iniciativa, y pasada la criba de las materias excluidas, hay un plazo de 9 meses para recoger 500.000 firmas, mediante un proceso riguroso que dificulta su consecución, y entregarlas a la Junta Electoral Central.
El Congreso dispone entonces de 6 meses para que la Iniciativa sea incluida en el orden del día de un Pleno donde debe ser discutida y aprobada para que pueda convertirse en una Ley. Esto demuestra el escaso interés en favorecer la participación ciudadana e incluso se diría que prima el miedo a esta.
En una situación como la actual, en la que los derechos de la ciudadanía están siendo conculcados en nombre de una supuesta crisis del sistema económico, la única posibilidad real de asumir esa presunta soberanía popular consagrada en nuestra Carta Magna no pasa por la regulación normativa, condenada al fracaso por los intereses partidistas de nuestros legítimos representantes.
Que alternativas quedan entonces para parar esta sin razón? Como decía Bob Dylan, la respuesta está en el viento, amigos........."
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