De aquella idea de unidad que surgió a finales de los años ochenta para conseguir construir una piscina y que parecía poner fin a la eterna rivalidad entre Candás y Luanco, un cuarto de siglo después, ese planteamiento se desvanece.
Esa piscina servirá para ahogar las penas de la desunión entre carreñenses y gozoniegos. Veinticinco años después de la constitución de la mancomunidad de forma oficiosa, y casi veinte desde la inauguración oficial, los ayuntamientos están divididos por la crisis, que hace que no puedan sostener el mismo gasto sobre un ente que se ha convertido en un monstruo capaz de engullir más de un millón de euros de presupuesto y decenas de puestos de trabajo.
Lo que en inicio surgió como una forma de ahorrar costes a los municipios, es hoy uno de los mayores problemas del gasto, por la obligación de pagar todos los años algo más de 400.000 euros. Gozón ya no se puede permitir aportar esta cantidad y Carreño, con un presupuesto muy superior gracias a sus cargas industriales, no está dispuesto a rebajar. O, lo que es lo mismo, el fin de una unidad nacida de la ilusión, un mes de agosto de 1988.
«Había unidad y mucha ilusión», recuerda Luis Fernández, hoy presidente de la Asociación de Vecinos de Candás y entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carreño y uno de los padres de aquella idea de mancomunidad.
«La idea era tener una piscina cubierta para los dos concejos y las únicas críticas que había, minoritarias, se limitaban a decir que en Candás y en Luanco la gente prefería bañarse en el mar», añade. «Se pensaba en hacer una mancomunidad de servicios, que sirviera para hacer una empresa que ahorrara costes a los ayuntamientos», recuerda Fernández.
De hecho, uno de los principales proyectos del ente supramunicipal, junto a la construcción de la piscina de Antromero, era la constitución de una empresa municipal de aguas que operase en los dos municipios, pero que, de nuevo, se quedó en el aire. «Había mucho entusiasmo porque permitía construir la piscina, imposible por separado, pero también por las ventajas económicas que podían derivarse de ella», señala el entonces edil carreñense. En definitiva, se trataba de «una solución que ni siquiera estaba politizada, sino que existía el convencimiento de que era necesario».
Sin embargo, la situación ha dado una vuelta de 180 grados con la crisis y el aumento del coste de los diferentes servicios que ofrece el órgano comarcal. «A los que formamos parte de aquello nos duele ver la situación actual, y el problema reside quizás en que está demasiado politizado», afirma Fernández. El coste ha crecido desde su fundación, tanto como su politización.
Desde su constitución oficial, que tuvo lugar en Luanco el día 2 de diciembre de 1993, se ha pasado de los 10 millones de pesetas de aportación por parte de cada Ayuntamiento, 60.000 euros, a los casi 450.000 que Carreño y Gozón pagan al año ahora. Aquella constitución oficial había seguido a cinco años de problemas burocráticos derivados de la redacción de los estatutos, ocasionando el retraso, pero ya desde el inicio contemplaba la inclusión de los mismos servicios que permanecen ahora: Oficina de Gestión Urbanística, Oficina de Información Juvenil, Agencia de Desarrollo Local y piscina.
Los estatutos recogen que «la gestión y la dirección de ciertos servicios serán delegadas en la mancomunidad a los efectos de conseguir ahorros de escala en la gestión». Y ahí radica el problema hoy en día, ya que la finalidad de la mancomunidad ha quedado en entredicho al dispararse los costes.
La historia del ente supramunicipal tiene los días contados. Ahora, tras el anuncio del PP y Foro de Gozón de que disolverán el órgano comarcal, sólo queda esperar a la convocatoria de un Pleno en el Consistorio gozoniego y la consiguiente junta de la Mancomunidad, que marcará el principio del fin de esta administración compartida. El motivo de esta decisión fue el notable descenso de las subvenciones que percibirá el ente a partir del próximo ejercicio.
Según los populares y los foristas de Gozón, la Mancomunidad del Cabo Peñas pasará de percibir 900.000 euros a unos 200.000. Ambos grupos coinciden en que esa disminución en las ayudas podría provocar que los ayuntamientos abonaran medio millón de euros anualmente, es decir, una cifra mayor que la que aportaban hasta ahora. Esta razón se suma a la ya de por sí complicada situación económica del Ayuntamiento de Gozón.
De hecho, en septiembre de 2010, el Consistorio de Carreño advirtió que los trabajadores tenían serias dificultades para cobrar por los impagos de la Administración gozoniega. Una vez se hayan realizado los trámites para finiquitar el órgano comarcal, ambos ayuntamientos tendrán que decidir el futuro de los trabajadores que hasta ahora prestan sus servicios al ente.
El PP de Gozón manifestó hace unos días que su intención es causar el menor perjuicio a los empleados de la mancomunidad, pero, sin embargo, es bastante probable que la disolución de Cabo Peñas provoque despidos laborales, a menos que los ayuntamientos asuman en su seno a los empleados del ente. La intención de los populares gozoniegos es, de momento, mantener la piscina climatizada de Antromero y el servicio de medicina deportiva. El resto de servicios está en el aire. Después de 25 años de unión entre ambos concejos, Carreño y Gozón se preparan para un previsible futuro en el que cada Administración sea autónoma, salvo, como desean en Gozón, en la piscina.
B. FERNÁNDEZ / I. GARCÍA
Fuente: La Nueva España digital
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