La sentencia que ordenó la anulación de todos los trámites para construir una incineradora de residuos en Asturias adquiere firmeza dado que nadie plantea un recurso que la impugne.
El fallo lo dictó el pasado 9 de diciembre el magistrado-juez Juan Carlos García López, del Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo, aunque no les fue notificado a las partes hasta el día 13 del mismo mes. A partir de esa fecha, denunciantes y demandados disponían de un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El margen expiró el pasado jueves sin que nadie sustanciara esa oposición. Así las cosas, una vez discurra el próximo el lunes -día de gracia que se concede a los letrados por si hubieran sufrido un imponderable que les impidiera manifestarse en el plazo previsto- la autoridad judicial cubrirá el formalismo de emitir un nuevo auto informando de la firmeza de la resolución.
La sentencia que ha tumbado un proyecto valorado en 250 millones (IVA excluido) y capaz de calcinar 420.000 toneladas de residuos anuales tiene como denunciantes a Inés Prada y Olga Álvarez, ediles de Los Verdes de Asturias (Equo) que plantearon dos recursos acumulados de los que resultaron codemandados el Consorcio de gestión de residuos S. A. (Cogersa) y el Ayuntamiento de Colunga.
Todos tenían en su mano una apelación que mantendría con vida la batalla judicial y, por tanto, la posibilidad de ejecutar el horno. La comisión delegada de Cogersa sin embargo decidió aquietarse ante el fallo judicial y los ecologistas lo recibieron como un éxito que no merecía mayor revisión. Quedaba el consistorio colungués, personado en su día en la causa para informarse de la misma. El asunto «está en manos de nuestro servicio jurídico, que no me ha informado de que hayamos puesto recurso alguno», aclaró ayer el regidor, Rogelio Pando.
Cerrado así el pulso judicial, el Principado se encuentra de nuevo ante un problema conocido: el vertedero central amenaza con colapsar en 2015 y ahora además no puede invocarse la incineradora como solución al problema. La sentencia precisa que contratar el horno será ilegal mientras Asturias no disponga de un plan de residuos que le de cobertura legal. La previsión del Ejecutivo regional sitúa la aprobación de dicha normativa a lo largo de 2013. Dado que la incineradora exige luego 72 meses entre concursos, planos, obras y pruebas, su encendido se hace difícil antes de 2019.
El fallo lo dictó el pasado 9 de diciembre el magistrado-juez Juan Carlos García López, del Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo, aunque no les fue notificado a las partes hasta el día 13 del mismo mes. A partir de esa fecha, denunciantes y demandados disponían de un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El margen expiró el pasado jueves sin que nadie sustanciara esa oposición. Así las cosas, una vez discurra el próximo el lunes -día de gracia que se concede a los letrados por si hubieran sufrido un imponderable que les impidiera manifestarse en el plazo previsto- la autoridad judicial cubrirá el formalismo de emitir un nuevo auto informando de la firmeza de la resolución.
La sentencia que ha tumbado un proyecto valorado en 250 millones (IVA excluido) y capaz de calcinar 420.000 toneladas de residuos anuales tiene como denunciantes a Inés Prada y Olga Álvarez, ediles de Los Verdes de Asturias (Equo) que plantearon dos recursos acumulados de los que resultaron codemandados el Consorcio de gestión de residuos S. A. (Cogersa) y el Ayuntamiento de Colunga.
Todos tenían en su mano una apelación que mantendría con vida la batalla judicial y, por tanto, la posibilidad de ejecutar el horno. La comisión delegada de Cogersa sin embargo decidió aquietarse ante el fallo judicial y los ecologistas lo recibieron como un éxito que no merecía mayor revisión. Quedaba el consistorio colungués, personado en su día en la causa para informarse de la misma. El asunto «está en manos de nuestro servicio jurídico, que no me ha informado de que hayamos puesto recurso alguno», aclaró ayer el regidor, Rogelio Pando.
Cerrado así el pulso judicial, el Principado se encuentra de nuevo ante un problema conocido: el vertedero central amenaza con colapsar en 2015 y ahora además no puede invocarse la incineradora como solución al problema. La sentencia precisa que contratar el horno será ilegal mientras Asturias no disponga de un plan de residuos que le de cobertura legal. La previsión del Ejecutivo regional sitúa la aprobación de dicha normativa a lo largo de 2013. Dado que la incineradora exige luego 72 meses entre concursos, planos, obras y pruebas, su encendido se hace difícil antes de 2019.
La comisión delegada de Cogersa -en la que tienen mayoría los representantes del PP y del PSOE, formaciones que en 2010 impulsaron el ahora abortado horno- acordó el pasado día 22 dejar sin efecto el expediente de contratación que convocó un concurso para el diseño, construcción y explotación del horno.
Otro tanto se hizo con el expediente que ya había devenido en un contrato para la asistencia técnica. Tras resolver el pertinente concurso, el encargo se formalizó el pasado 29 de abril a favor de las empresas Recuperación de Energía S.A. e Impulso Industrial Alternativo S.A. por 3,7 millones.
La anulación de los trámites es extensible también a las gestiones iniciadas ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que concediera un crédito de 125 millones con el que pagar parte de la factura del horno.
Fuente original: El Comercio
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